Tuvimos el fuego muy cerca, la nube de humo no nos dejo durante bastantes días del mes de agosto, pero en esta ocasión tuvimos suerte y el fuego no llego a las casas de la parroquia de Torbeo. “Obligatorio desbrozar una franja de 50 metros alrededor de zonas habitadas, viviendas aisladas y otras edificaciones”.
Esta es la actuación mas urgente que debería acometerse en todos los núcleos de población de la parroquia si realmente se quiere evitar que en sucesivas ocasiones, que las habrá, no haya desgracias humanas y aldeas quemadas. Así de sencillo y también así de necesario y prioritario.
En segundo lugar está la limpieza y el arreglo de los caminos. En nuestra aldea, la Ventosa de Torbeo, de los tres que permitían entrada y salida ya solo nos queda uno, los otros dos ya no están transitables, en la primera semana de septiembre ni se habían desbrozado. No es necesario argumentar el peligro y grave problema que supone la desaparición de caminos.
Lo que ha ocurrido este verano en Galicia, Zamora, León y Extremadura principalmente, debería servir para que de una vez este grave problema se tomase en serio. Año tras año se repite el discurso; unos culpan y responsabilizan del desastre a los otros, se hacen múltiples análisis y estudios sobre las distintas causas de estos tremendos incendios, las conclusiones y propuestas para la toma de medidas tendentes a corregir la ascendente dinámica de grandes fuegos son numerosas y provenientes de varios organismos, instituciones, investigadores y expertos, pero las cosas cambian poco.
Los vecinos debemos exigir ya que se inicien las actuaciones necesarias para proceder a la limpieza de las zonas susceptibles de poner en peligro nuestras casas. El Concello debería tomarse en serio el tema e instar a los propietarios de las fincas a hacer las limpiezas. Y ya sabemos que ni la identificación, ni la localización de los propietarios es tarea fácil en muchos de los casos, la información catastral deja mucho que desear, la ausencia de los propietarios, las sucesivas trasmisiones y divisiones de parcelas por herencias, etc. multiplican el problema, pero la propia norma prevé la actuación; la administración competente encarga el desbroce o limpieza a empresas y repercute la factura a los propietarios, contemplando incluso la posibilidad de la expropiación cuando sea necesario. Y sé bien que los medios son limitados, que los procedimientos administrativos son largos y complejos, pero las dificultades no deben justificar y prolongar la inacción y el abandono actual.
En las imágenes adjuntas de la Ventosa pueden verse con claridad las zonas que suponen mayor peligro en caso de fuego, la maleza no solo esta cerca de las casas, esta en los tejados y lo mismo ocurre en otros muchos núcleos de poblacion. Con los medios actuales es bastante fácil identificar y definir, incluso desde los despachos, las zonas de urgente actuación; el Instituto Geográfico Nacional ofrece imágenes de satélite actualizadas (https://www.ign.es/iberpix/visor), o el SIXPAC de la Xunta / Ministerio (https://sixpac.xunta.es/visorhtml5/).
En Torbeo la Asociación de Vecinos también debería tomar “cartas en el asunto” planteando el problema y la urgencia de actuación tanto al Concello como a la Xunta. Hoy todavía tenemos dos explotaciones de ganado que mantienen una parte del pueblo libre “de monte”, también quedan vecinos que con su trabajo y medios nos facilitan a quienes no vivimos allí, la limpieza de nuestras fincas, pero no es suficiente; hay que ocuparse, antes de que sea tarde, de llegar a las zonas que por unas razones u otras están abandonadas y constituyen un serio peligro e igualmente ocuparse de que los caminos públicos se mantengan aptos para el uso. De no actuar rápido mañana podemos lamentarnos.
La Xunta ya tiene desde el 2022 el marco legal para obligar a limpiar fincas
La Xunta no tendrá que esperar a la aprobación de ninguna nueva norma, ni tampoco a introducir ninguna modificación en la próxima Lei de Medidas Fiscais e Administrativas (la conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos) para asumir la competencia de firmar los apercibimientos para hacer cumplir ley a los propietarios que no limpian las fincas ubicadas en las franjas secundarias de protección de las aldeas de las parroquias priorizadas por su alto riesgo de incendio en los ayuntamientos de menos de 10.000 vecinos. Porque, como confirman fuentes de la Xunta, para llevar a la práctica esta medida expuesta por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego esta semana, bastaría con introducir una modificación en el acuerdo suscrito entre el Gobierno gallego y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la gestión de la biomasa en esas franjas. Actualmente están adscritos a él 288 concellos, el 92 % de todos los que hay en Galicia.
El atajo puede tomarse porque esta posibilidad ya fue introducida después de los fuegos de O Courel de agosto del 2022 en la Lei de medidas fiscais e administrativas aprobada aquel mismo año: «No marco do convenio que regula o sistema público de xestión da biomasa dos terreos rústicos incluídos na rede de faixas secundarias de xestión da biomasa (...) poderase prever como fórmula de colaboración, entre outras actuacións, que a consellería competente en materia forestal (Medio Rural) asuma a competencia para efectuar as comunicacións, apercibimentos, a imposición de multas coercitivas, as publicacións e o desenvolvemento das actuacións materiais de execucións subsidiarias previstas neste precepto», dice la norma.
La cuestión es que, aunque el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp fue renovado el pasado mes de abril con un importe de 12,25 millones de euros para este año (7,75 millones son aportados por la Consellería y los 4,5 restantes por parte del Fondo de Cooperación Local), no se introdujo esta alternativa que pretende liberar a los alcaldes de la responsabilidad de estampar su firma en los apercibimientos, una labor que muchas veces se les atraganta. Bien por la atomización de la propiedad, por el gran número de propietarios de fincas rústicas en Galicia que no se sabe dónde están y por la falta de fondos para disponer de recursos suficientes para realizar esta labor.
Solo el año pasado, según los datos de la Consellería do Medio Rural, se enviaron 175.281 notificaciones apremiando a los propietarios a cumplir con la obligación de limpiar sus terrenos. Y un total de 76.974 referencias catastrales acabaron publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) al no poder localizar a sus dueños o no haber obtenido respuesta a la notificación.
Pendientes de convocatoria
Aunque desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aseguraban este viernes que todavía no habían recibido ninguna convocatoria ni comunicación de la Xunta para una reunión en la que tratar la propuesta anunciada por Alfonso Rueda en el Parlamento, su presidente y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, declaró esta semana que desde la Fegamp están dispuestos a colaborar, aunque no entienden la razón de limitar la medida a los concellos de menos de 10.000 vecinos porque, como dijo, «hai concellos de entre 10.000 e 50.000 que non teñen a capacidade para facelo».
De llegar a modificarse el convenio, la Xunta asumiría entonces la labor de rubricar las notificaciones y hacer cumplir la norma en las parroquias priorizadas —la relación varía en función de la incidencia de incendios en la zona en los años anteriores—, pero la superficie que ocupan las redes secundarias de fajas de gestión de biomasa es mucho mayor debido a la gran cantidad de núcleos que hay en la comunidad.
De hecho, en base a distintas estimaciones realizadas en su día por la Consellería do Medio Rural, son unas 130.000 hectáreas de terreno que tendrían que mantener limpias de maleza los 1,1 millones de gallegos que son propietarios de parcelas ubicadas en las franjas de protección de las aldeas. Y han de hacerlo antes del 31 de mayo de cada ejercicio. Aunque este año las lluvias de primavera, unido al calor de junio que vino después, hicieron que parcelas que habían desbrozado en primavera volvieran a estar cubiertas de maleza en poco tiempo. Algo parecido ocurrió en las cunetas.
La última modificación de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que entró en vigor el 1 de enero del 2024, establece que es obligatorio gestionar la biomasa en una franja de 50 metros en torno al perímetro de suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable; alrededor de edificaciones habitables, viviendas aisladas, urbanizaciones, basureros, cámpings, gasolineras y parques e instalaciones industriales ubicados a menos de 400 metros del monte; o en torno a viviendas levantadas en suelo rústico aunque estén a más de 400 metros de distancia del monte.
Propietarios desconocidos
El problema, más allá de que se cumpla o no la norma, es que muchas de las parcelas que están en esas franjas son de propietarios desconocidos. De hecho, la puesta en marcha de un plan de identificación de fincas rurales era una de las propuestas de las que se hablaron en el Parlamento gallego hace siete años cuando se estudió la ola de incendios de entonces.
Los expertos que habían pasado entonces por la Cámara durante la comisión de estudio de los fuegos estimaban que, de las 11 millones de parcelas rústicas que hay en Galicia, en torno al 25 % son de un dueño ilocalizable. Eso supone alrededor de 2,7 millones de fincas.
Más allá de eso, otro de los cambios anunciados por Alfonso Rueda y que están estudiando cómo llevar a la práctica los servicios jurídicos de la Xunta es poder entrar a limpiar fincas con riesgo sin que antes haya que mandar la notificación. Ahora podría hacerlo, pero solo «cando se declare un incendio forestal que supoña un risco inminente para as persoas ou bens».
Rueda anuncia que la Xunta asumirá la limpieza de franjas secundarias en concellos de menos de diez mil habitantes
GALICIA
El presidente avanza un cambio normativo para que las administraciones puedan entrar directamente a limpiar fincas en lugares sensibles al fuego y para que las comunidades de montes inviertan más en prevención. El Gobierno gallego pedirá también al Ejecutivo central una base permanente de la Unidad Militar de Emergencias en Toén
09 sep 2025 . Actualizado a las 17:57 h.El presidente de la Xunta ha aprovechado su comparecencia en el Parlamento gallego sobre la ola de incendios para avanzar cambios normativos que permitan mejorar la gestión de las franjas secundarias. Alfonso Rueda, que ha asumido errores y ha emplazado a la oposición a dejar de lado el ventajismo en favor de una postura de país, ha anunciado que la Xunta convocará a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para que la Administración autonómica pueda colaborar con los concellos de menos de diez mil habitantes, 257 de los 313 municipios gallegos, y asumir su competencia de ordenar la limpieza de franjas secundarias. Los trabajos los asumiría la empresa pública Seaga, que luego pasaría la factura a los propietarios. «A día de hoxe segue habendo propietaros e concellos que non parecen ser conscientes da importancia de manter limpas as contornas das aldeas e que non acuden aos servizos de Seaga, nin sequera os que son practicamente gratuitos», lamentó el máximo mandatario gallego.
